Naciones Unidas ha hecho hincapié en el problema de la discriminación contra los pueblos indígenas desde el primer decenio de lucha contra el racismo y la discriminación racial comprendido entre 1973 y 1982, en 1982 el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas consagró las necesidades y anhelos de estas poblaciones en un proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo cual condujo a la histórica adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas por parte de la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2007. La Declaración se ha convertido rápidamente en una herramienta clave para la promoción y la protección de los derechos de los pueblos indígenas. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial ha dejado en claro que la discriminación contra los pueblos indígenas constituye discriminación racial.

 

Los pueblos indígenas y la discriminación en México.

• El tema de los derechos indígenas y la discriminación étnica que han padecido estos grupos apenas ha empezado a cobrar relevancia pública en las últimas décadas.
• Las personas indígenas continúan siendo el grupo más discriminado por su forma de vestir o de hablar, y porque “vienen del pueblo”, siendo víctimas de maltrato o insultos.
• La discriminación hacia los pueblos originarios indígenas de México impacta en aspectos como educación, salud, servicios públicos, vivienda y, sobre todo, en el aspecto laboral.

Varios acontecimientos de escala mundial han determinado que actualmente vivamos en un escenario diferente, donde si bien es cierto que no existen soluciones definitivas, al menos surgen espacios de liberación. El primero de ellos, fue la descolonización de los pueblos africanos y asiáticos a mediados del siglo XX, pues a partir de entonces el colonialismo perdió legitimidad y abrió la puerta para que el tema fuese discutido en América Latina.

Dentro de las políticas del Estado, se da pie al desmantelamiento social y a las políticas asistencialistas. Así, podemos observar que surgen varias condiciones propicias para que los pueblos indígenas se conviertan en actores políticos relevantes. Podemos resumirlas en dos puntos:

a) el factor externo de la consolidación de una cultura de los derechos humanos que reconoce la libre determinación de los pueblos; y

b) el factor interno del agotamiento del Estado social y de las políticas indigenistas que trataban de asimilar al indio a la cultura nacional hegemónica.

Anteriormente se concibió a los pueblos indígenas como un factor de atraso para la modernidad, y hoy en día, después de una batalla ideológica muy larga, se considera que son parte constitutiva y enriquecedora de las naciones.

Sin embargo, se sigue discriminado a la comunidad indígena, la cual se refleja en aspectos como el desprecio por su forma de organización, cultura y lenguas, se expresa también al momento de ser elegidos para un puesto de trabajo y de comparar sus salarios con los de otros trabajadores.

En el derecho internacional ya están sentadas las bases para comenzar a corregir la discriminación recurrente que han vivido los pueblos indígenas: por un lado, haciendo efectivos los derechos colectivos reconocidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT en 1989. Por otro lado, aplicando de manera sistemática los principios programáticos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965) y los acuerdos alcanzados en la Conferencia de Durban (2001).

No es suficiente la existencia de estos instrumentos del derecho internacional, aunque México los ha ratificado, no necesariamente implica su cumplimiento cabal. La tendencia más común es adoptarlos sin aportar las herramientas jurídicas, políticas y económicas para hacerlos posibles.

El siglo XXI significa una esperanza para el cambio de la situación de los pueblos indígenas, pero lograr que gocen de los mismos derechos que los demás es un reto que está por cumplirse.Con el fin de hacer efectiva esta aspiración, se aprobaron un sinfín de proyectos, tanto educativos como profilácticos y de asistencia social (concretados en el Instituto Nacional Indigenista) con miras a inducir la “mexicanización del indio”, como solían decir Manuel Gamio y Alfonso Caso, sus panegiristas.

La Constitución establece que las normas son aplicables en todo el territorio nacional y ninguna ley aclara que los derechos indígenas se suspenden en un contexto urbano. Pues bien, ante la presencia cada vez más evidente de los indígenas y sus instituciones en el entorno urbano surgen constantes incidentes, ya que se les niegan sus derechos aduciendo que al vivir en la ciudad no son indígenas, o a la inversa, que deben ejercer sus derechos en las comunidades, no en la ciudad. Como si por el hecho de radicar en la ciudad estuviesen obligados a asimilarse y conformarse a su modo de vida.

Antes era sencillo olvidar o excluir la existencia de los otros; estaban demasiado alejados de nosotros o podían ser segregados. Ahora la diversidad es nuestra vecina e incluso puede habitar en casa. En este sentido, a nada nos conduce tratar de rechazar la alteridad de manera instintiva o entenderla con todas sus complejidades ontológicas si en este esfuerzo de convivencia no decidimos entre todos juntos la fórmula consensuada para lograrlo, dejando a un lado las medidas unilaterales que tradicionalmente han prevalecido.

Los movimientos indígenas de mayor representatividad en México y en otros lugares del mundo se caracterizan por ser más bien de carácter pluriétnico, pues no se presentan como grupos o pueblos cerrados o autocontenidos. Este es el caso de los municipios que se han declarado autónomos en Chiapas o del sistema de vigilancia y justicia regional en La Montaña de Guerrero, los cuales están integrados por indígenas de distintos pueblos (e incluso no indígenas), pero que han decidido rediseñar, sobre fundamentos propios, sus instituciones de gobierno y de justicia.

La mayoría de los mexicanos ignora la riqueza que existe en el país al contar con una diversidad representada por casi 70 lenguas, además de sus derivaciones lingüísticas. Peor aún, no son capaces de mencionar el nombre de tres grupos originarios.

Ello, permiten observar lo poco estimado es el indígena en nuestra sociedad dando lugar a la discriminación y el racismo. Para revertir esa situación, se requiere actuar no sólo en los aspectos económico, simbólico y cultural, sino devolver prestigio a esas comunidades.

Para los pueblos indígenas lo esencial es poder reconstituirse a partir de los derechos colectivos y no sólo con el cumplimiento formal de la ley. El purismo legal no es suficiente para impedir la manifestación de actos discriminatorios ya que, como lo hemos visto, la normalización y la internalización de la discriminación anteceden a la propia formalización de los marcos normativos. La discriminación étnica o racial es un sistema de exclusiones aparejado a la formulación histórica de las instituciones políticas surgidas del Estado-nación monocultural.

Cambiemos nuestros paradigmas.

En efecto, la población más marginada, excluida, la que no tiene ningún tipo de representación política propia, son precisamente los pueblos originarios, esos donde la pobreza es cíclica. Ante la mayoría de la sociedad, existe una fuerte percepción de que los indígenas no hacen lo suficiente, de que son pasivos, indiferentes o flojos. Eso contribuye a una manera estereotipada de ver su mundo, porque no todos son rurales, pobres, ni están en lugares remotos.

Esa estigmatización, es campo fértil para seguir reproduciendo prácticas racistas y discriminatorias que inhiben la movilidad social.

Los mexicanos, apreciamos la multiculturalidad como una riqueza de nuestro país, la comida, las tradiciones y las fiestas. Sentimos respeto por un legado que es antiguo y que nos permite tener raíces, aunque eso se proyecte lejano. Pero ello se contradice con las formas estereotipadas, pasivas y de falta de interés que hoy se muestran hacia los indígenas.

Debemos devolver el prestigio a los grupos originarios, ayudaría conocer no sólo la comida y la artesanía que producen, sino su literatura, escritura, películas y otros artefactos culturales. Eso permitiría revertir estereotipos y, sobre todo, combatir al monstruo del racismo.

 

En Lex Pro Humanitas condenamos toda clase de discriminación, por ello, en el marco del año de las lenguas indígenas, reiteramos nuestro compromiso para defender y erradicar la discriminación hacía cualquier persona de conformidad con nuestra Constitución nacional.

 

 

Lic. Fernando Abraham Manilla Contreras, Director General.