En México todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así lo reconoce la constitución en su artículo 4, existe la creencia que ese derecho depende de la capacidad del sistema de salud, es decir, la existencia del medicamento, de la infraestructura, de la disponibilidad de quirófanos por mencionar solo algunos aspectos, la verdad es que no es así, en especial cuando la salud y la vida se encuentran en riesgo.

Cuando el IMSS, el ISSSTE u otra institución pública retrasa un medicamento, una cirugía, un estudio o la atención de un especialista, el problema no siempre es únicamente administrativo. Si la demora puede provocar un deterioro de la salud, interrumpir un tratamiento indispensable o poner en riesgo la vida, es necesario analizar qué mecanismos jurídicos permiten exigir una respuesta oportuna.

Hay casos que no pueden esperar a que el hospital “pueda” dar el servicio por que el tiempo es esencial para mitigar el riesgo, no hacerlo puede complicar aún más la situación e incluso poner en riesgo la vida, hemos sido testigos de casos en los que se le pide a los pacientes invertir su dinero en estudios clínicos, medicamentos e incluso instrumental, lo que afecta a su economía ¿pero que sucede con los que no tienen ese recurso? No tienen otra opción más que esperar semanas, incluso meses, la misma espera sucede para ser canalizados a especialistas, una simple cirugía de rodilla, de espalda conlleva más de un año de demora, pero atenderse en hospitales privados representa una inversión de más de 150 mil pesos.

¿Qué sucede con las personas que requieren atención especializada prioritaria? Cardiología, neurología, Oncología, Ortopedia, Nefrologia, por mencionar solo algunas tienen una alta demanda, ¿Qué sucede con las personas que requieren medicamentos costosos de ultima generación de la cual depende su vida y que les dicen en el hospital que no ha sido surtido el medicamento? En algunos casos esos medicamentos ascienden a más de 15 mil pesos mensuales, eso puede destruir la economía de un hogar.

El servicio jurídico de Acceso prioritario a servicio médico público Lex Pro Humanitas.

Lex Pro Humanitas cuenta con una amplia trayectoria en servicios jurídicos relacionados a la salud, desde demandas por mala praxis médica (negligencia) hasta estrategias jurídicas diseñadas para acceder de manera prioritaria a los servicios médicos, no solo hablamos de AMPAROS, hablamos de usar todas las leyes y mecanismos para garantizar ese derecho humano en el menor tiempo.

NO EXISTE una sola estrategia para todos los casos, somos un despacho jurídico profesional de alta especialidad en la materia, por lo que cada caso se analiza a detalle durante una asesoría que se puede llevar a cabo de manera presencial en nuestras instalaciones en av. Casa del Obrero Mundial #623 Col. Narvarte Alc. Benito Juárez Ciudad de México o se puede llevar a cabo por video llamada para aquellos que no deseen trasladarse o bien se encuentren en otros estados de la república mexicana.

La asesoría tiene un costo de $750 pesos, se reserva con solo $200 pesos, tiene una duración de una hora, el costo total se descuenta en caso de contratar nuestros servicios, después de la asesoría, (a más tardar 24 horas) se envía una cotización formal y la estrategia, en caso de aceptarse la misma, se firma un contrato de prestación de servicios, se recaban documentos y se inicia con la elaboración de los recursos legales.

En casos de acceso prioritario a servicio médico público, cuando las circunstancias médicas y jurídicas lo justifican, puede solicitarse una suspensión provisional u otra medida urgente. Su procedencia, alcance y tiempo de resolución dependen de cada expediente, de la autoridad responsable y del órgano jurisdiccional, por lo que no es posible garantizar un plazo o resultado determinado, no obstante, si se cumplen con los requisitos mínimos, los resultados se pueden observar en un periodo de 15 días a mes y medio (suspensión provisional) y el costo total es de 4 mil a 10 mil pesos en total que se pagan en parcialidades durante el avance del juicio, liquidando al obtener la sentencia.

Requisitos y Datos Básicos necesarios para iniciar recurso legal urgente para exigir a instituciones públicas como el IMSS o el ISSSTE que entreguen medicamentos, realicen cirugías o brinden tratamientos especializados.

Requisitos y Datos Básicos

• Documentación: Identificación oficial, comprobante de derechohabiencia, recetas, carnet y negativas por escrito o notas médicas.

¡NO LO DEJES PASAR!

Por tiempo limitado, obtén nuestra guía digital de Derecho a la Protección de la Salud exclusiva de Lex Pro Humanitas con un valor de $1,500 pesos completamente gratis al contratar tu asesoría jurídica profesional.